¿Qué hace Cemex en Palestina?

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CEMEX es una empresa líder en la producción de materiales de construcción y también una las compañías mexicanas transnacionales más grande, esto la hace una  embajadora de México alrededor del mundo, tiene presencia en más de 100 naciones.

Desafortunadamente, desde hace décadas CEMEX está involucrada en el mantenimiento y construcción de la ocupación israelí en territorios palestinos y sirios, lucrando con la construcción del Muro y las colonias israelíes ilegales.

Operaciones de Cemex en territorio palestino ocupado por Israel

Desde 2005, CEMEX es dueña de la israelí Readymix Industries, la cual es productora y proveedora de materiales y materia prima para la industria de la construcción.

Readymix Industries:

  • Tiene plantas de producción en las colonias ilegales, incluidas Mevo Horon, Atarot y Mishor Edomim, zonas industriales ocupadas en Cisjordania, y Katzerin en los Altos del Golan.
  • Ha proveído concreto para la construcción del muro ilegal israelí en el puente de Gilo de la Cisjordania ocupada por Israel.
  • Ha proveído concreto para la construcción de los puestos de control militar en Cisjordania, incluidos los de Hawara y Azun-Atma.
  • Ha proveído concreto para la construcción del tren ligero en Jerusalén, el cual fue diseñador para conectar la ciudad de Jerusalén con las colonias ilegales alrededor de esta y el cual es internacionalmente reconocido por violar la ley internacional.
  • Provee concreto para la construcción de colonias ilegales y puestos de avanzada en Cisjordania.
  • Hasta junio de 2015, Cemex era co-propietaria de 50% de la cantera de Yatir a través de la subsidiaria de Readymix, Lime&Stone. La cantera Yatir es una mina localizada en el sur de la ciudad palestina Dhahiriya en Cisjordania.

readymix west bank 21.11.2018

readymix golan 21.11.2018

(capturas de pantalla con la ubicación de las plantas de producción, sitio web de Readymix, 21.11.2018)

Las actividades de CEMEX en territorio palestino son ilegales

Los asentamientos, el Muro y toda su infraestructura constituyen crímenes de guerra y violaciones de normas perentorias no derogables, de las cuales Israel está en deuda con toda la comunidad internacional por lo que todos los Estados deben tomar acciones legales para protegerlas.

En febrero de 2004, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que el Muro es “una violación fragante del derecho humanitario internacional”.

El 15 de abril de 2004, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una resolución en la que llama a Israel a detener las obras de construcción del Muro y demoler los tramos construidos y así respetar las normas del derecho internacional como potencia ocupante.

Tres meses después, el 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia histórica en la que establece que el muro que Israel construye en territorio palestino es ilegal, así como las colonias israelíes, “por lo que su construcción debe detenerse inmediatamente e Israel debe hacer la reparación de daños que estos hayan causado”.

La sentencia también incluye que:

  • es “obligación de todos los Estados de no reconocer la situación ilícita resultante de la construcción del muro y no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por esta construcción”.
  • es “Obligación de todos los Estados partes del Cuarto Convenio de Ginebra de asegurar, dentro del respeto a la Carta y al derecho internacional de hacer que Israel respete las reglas de derecho internacional humanitario incorporadas al Convenio”.

Por otro lado, las actividades de CEMEX, no solo son ilegales de acuerdo a la ley internacional, sino según las propias leyes mexicanas y el Estado tiene competencia.

El Artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. “

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